El que suscribe, la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro.
Al pueblo de México y al mundo, a los compañeros y compañeras de la otra campaña de México y del mundo, a los medios de comunicación nacional e internacional, a los defensores de los derechos humanos, a los organismos no gubernametal honestos:
Por medio de la presente, la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, Chiapas, México, denuncia:

1. Columna de convoy militar y seguridad pública y policía municipal y PGR, a las 9 de la mañana, hora sur oriental, 2 carros grandes de soldado y 3 carros chicos de soldado y 2 carros de seguridad pública, 2 carros de policía municipal y una tanqueta y un carro de PGR.

San Andrés: 12 años después...

El 16 de febrero de 1996, en un salón contiguo a la sede del diálogo en San Andrés Larráinzar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) firmó los acuerdos de San Andrés. Poco después, la representación gubernamental hizo lo mismo, esta vez en presencia de la prensa y con declaraciones incluidas. Ambos actos fueron atestiguados la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Los zapatistas habían escogido la discreción no como un signo de vergüenza o aceptación a regañadientes de lo que se signaría, sino como una señal de cautela. No cabía en ellos celebración por algo que aún no se cumplía. Sin embargo, deseaban dejar asentada su voluntad de paz. Las declaraciones, la prensa y las celebraciones se dejaban para cuando las palabras escritas se convirtieran en hechos.

La discusión en aquella primera mesa de Cultura y Derechos Indígenas había sido difícil, pero había mostrado que aquellos que durante años habían trabajado, desde numerosas especialidades, con y para los pueblos indígenas, se podían poner de acuerdo en una serie de propuestas mínimas que dieran un marco legal sobre el cual elaborar una iniciativa constitucional en la materia, sin importar si habían acudido convocados por el EZLN o por el gobierno federal.

El gobierno federal adquirió el compromiso de reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución; ampliar su participación y representación políticas; garantizar el acceso pleno a la justicia con el reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos; promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; asegurar educación y capacitación; garantizar la satisfacción de necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo, y proteger a los indígenas migrantes.

Se planteó que los principios que normarían la acción del Estado serían:

“Pluralismo. El trato entre los pueblos y culturas que formaban la sociedad mexicana ha de basarse en el respeto a su igualdad fundamental.

“Sustentabilidad. Es indispensable y urgente asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios que ocupan y utilizan de alguna manera los pueblos indígenas, según los define el artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT.

“Integridad. El Estado debe impulsar la acción integral y concurrente de las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas públicas.

“Participación. El Estado debe favorecer que la acción institucional impulse la participación de los pueblos y comunidades indígenas y respete sus formas de organización interna, para alcanzar el propósito de fortalecer su capacidad de ser los actores decisivos de su propio desarrollo.

“Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del marco normativo para los pueblos indígenas.”

Hay que decir que en la Cocopa, la Conai, el EZLN y gran número de mexicanos, sin importar su filiación política, la sola firma de los acuerdos resultaba esperanzadora. Se abría la puerta para que un acuerdo de paz con justicia y dignidad pudiera ser alcanzado en el corto plazo.

No deja de ser dolorosamente paradójico que el documento que debía ser el primer paso de una negociación que se esperaba complicada, pero fructífera, se convirtiera a la postre en el eje sobre el cual dependiera la continuidad del diálogo.

En los siguientes meses, años, y aún hoy, los textos de San Andrés han sido objeto de descalificaciones. En su mayoría, éstas se han centrado en unos cuantos elementos. Así, se ha dicho que afectan la soberanía y la unidad nacionales; que trastocan el principio de igualdad jurídica de la Constitución; que ponen en riesgo la propiedad de la nación sobre recursos como el petróleo; que abren la puerta a la balcanización del país; que pretenden colocar las costumbres de los pueblos indígenas por encima de las leyes, y así por el estilo.

En el colmo de la mentira y el dolo, el gobierno federal consideró que la iniciativa elaborada por la Cocopa no corresponde al espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés.

Sólo hay dos razones por las que pudimos los miembros de esa Cocopa hacer tal cosa: incapacidad o intereses ocultos. Ninguna de las dos es aceptable o creíble, a menos que se suponga que, o bien abogados y/o políticos experimentados, como Heberto Castillo, Luis H. Álvarez, Óscar López Velarde, Rodolfo Elizondo y los constitucionalistas que nos apoyaron, no sabían lo que hacían, o bien que todos fuimos cómplices de una misma e inconfesable causa.

En el fondo, el problema no parece ser ni los acuerdos ni la propuesta de la Cocopa. Hay bases para suponer que, con posterioridad a la firma de dichos textos, el gobierno federal se convenció de que había incurrido en un error jurídico y político. Un error que se intentó disfrazar o minimizar por medio de distracciones, ausencias y probablemente otros métodos, en lugar de intentar enmendarlo por medio del diálogo.

Se cometió, así, un verdadero doble error: el incumplir la palabra empeñada y firmada, y permitir que el conflicto se empantanara y deteriorara hasta llegar a sucesos como los de Acteal, el empantanamiento desde entonces del diálogo y la postergación de soluciones a los problemas ancestrales de los pueblos indígenas.

Imposición gubernamental sobre el pueblo wixarika

Nadie ha solicitado una carretera, al menos las autoridades que la promocionan no han enseñado el documento de solicitud de una obra que está dañando profundamente a la madre tierra, donde hay lugares, animales y plantas sagradas. Desde que la comunidad de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) supo que se construiría una carretera que pasaría por su territorio buscó información, ya que no se le pidió su aprobación para la construcción de ese proyecto carretero.

Por eso los malos gobiernos han insistido mucho en que los pueblos indígenas somos objetos y no sujetos de nuestro propio destino. El gobierno hace proyectos sin tomarse la molestia de recabar la opinión de los afectados directamente, argumentando “el bien y el progreso”, cuando en realidad lo que busca es desmembrar la organización interna y saquear las tierras, montes y aguas que existen en su territorio. Nosotros los wixaritari no queremos ese progreso, nosotros queremos una relación respetuosa con la madre tierra que está viva.

El 9 de septiembre de 2007 en una reunión extraordinaria para tratar temas de la cultura wixarika (huichol) en la localidad de Keuruwita (Las Latas), dentro de la comunidad de Tuapurie, se presentaron el secretario de Desarrollo Urbano en Jalisco (Sedeur), el delegado en la entidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y los presidentes municipales de Bolaños y Huejuquilla el Alto, los dos de Jalisco. Les informaron a los asistentes que estaba en proceso la construcción de una carretera que cruzaría por las tierras comunales de Tuapurie, afectando 19 kilómetros aproximadamente y que traería “muchos beneficios”. Es importante señalar que esta visita de los funcionarios se hizo pasando apenas unos pocos días de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declarara que ese tramo carretero quedaba suspendido por presentar inconsistencias ambientales.

Los comuneros les contestamos que no fuimos consultados desde un principio, que no estábamos de acuerdo con ese proyecto y que no éramos mayoría en esa asamblea para tomar una decisión; acordamos discutirlo en la próxima asamblea ordinaria donde estuviera presente la mayoría y decidir si se aceptaba o rechazaba la carretera.

En la asamblea ordinaria de Tuapurie el 11 de noviembre del 2007 se supo que las autoridades agrarias fueron presionadas, perseguidas y hostigadas por los presidentes municipales de Bolaños, Mezquitic y Huejuquilla, acompañados con gente de la CDI y policías municipales, para firmar documentos que daban la anuencia para que se construyera la carretera. La asamblea, que es la máxima autoridad en la comunidad, desconoció lo que firmaron las autoridades, ya que se obtuvieron de forma ilegal, y emitió un documento que exigía a las autoridades involucradas que informaran a la comunidad al respecto, que entregaran el estudio de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo. Se entregó al gobernador de Jalisco, al director de la Sedeur, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco y a la delegación de la Profepa.

Tres meses después, el 11 de febrero de 2008, la asamblea comunal decidió sesionar en el paraje denominado Ciénega de los Caballos, parando pacíficamente la maquinaria que estaba destruyendo la naturaleza para construir la carretera, y exigiendo se presentaran los funcionarios que la promovieron para decirles que cancelen la obra porque la comunidad, a través de su asamblea, no ha autorizado la carretera; hasta ahora los funcionarios titulares no han querido dar la cara a la comunidad.

Un documento que evidenció la forma como opera el gobierno para imponer sus proyectos a como dé lugar fue que elaboró una segunda convocatoria y su respectiva acta de asamblea apócrifas, es decir, falsificó esos documentos e indujo a las autoridades agrarias a firmarlas y sellarlas. Por estos hechos la comunidad demanda que sean investigados los responsables, destituidos de sus cargos y se les finquen responsabilidades.

Después de que la asamblea detuvo la carretera, el gobierno no ha hecho más que hostigar nuestro plantón con la visita constante de policías y el sobrevuelo de helicópteros militares; asimismo el presidente de Bolaños ha declarado que “quieran o no los huicholes, vamos a meter proyectos ecoturísticos”, mientras Emilio González Márquez asegura que no detendrá la carretera, que insistirá “hasta que convenza a los huicholes”

Las declaraciones y acciones del Estado mexicano son una amenaza de despojo, basadas en el desprecio a los pueblos originarios. A pesar de eso, hoy los pueblos indígenas seguimos vivos, despiertos, atentos y organizados, tejiendo redes y espacios como el Congreso Nacional Indígena.

Doc. Enviado Por: Pepe.

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